América Latina tiene un gran peso en la discusión global sobre bosques, albergando el 23 % de los bosques del mundo, con ecosistemas fundamentales para la mitigación, la adaptación, la biodiversidad, la seguridad hídrica, entre otros. Al mismo tiempo, es la región del mundo que registró la mayor pérdida neta anual de bosques entre 2015 y 2025, con 4,1 millones de hectáreas por año. La presión sobre estos ecosistemas no responde únicamente a problemas de política ambiental, también está vinculada con decisiones productivas, comerciales y financieras, economías ilegales y dificultades de gobernanza territorial. Por ello, proteger los bosques exige actuar sobre los distintos factores que impulsan su pérdida y degradación.
La sociedad civil latinoamericana se ha articulado con el fin de entender qué debe ocurrir para que el mandato global de detener y revertir la deforestación y la degradación deje de ser una aspiración general y se convierta en una agenda operativa de implementación. El objetivo final es consolidar una herramienta que ayude a orientar decisiones nacionales, movilizar cooperación y financiamiento, y generar resultados verificables sin crear una agenda paralela.
La propuesta colectiva articula derechos territoriales, cadenas libres de deforestación y alineación de flujos financieros. En lugar de sustituir instrumentos existentes, plantea fortalecerlos con metas, responsables, recursos, indicadores y necesidades de cooperación identificadas, aportando tanto al proceso global impulsado desde la COP30 como a las agendas de implementación de los países latinoamericanos, considerando sus diferentes contextos y capacidades.
Recomendaciones clave
- Fortalecer los derechos territoriales. Avanzar en la titulación, delimitación y demarcación de al menos 80 % de los territorios indígenas y de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), así como de los territorios de pueblos afrodescendientes y comunidades tradicionales y tribales, con protección jurídica y garantías de autonomía.
- Garantizar la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Asegurar su reconocimiento territorial y la intangibilidad de sus territorios. Para los pueblos en aislamiento, esto exige prohibir toda interferencia externa y respetar el principio de no contacto, junto con medidas de protección en zonas de amortiguamiento y cooperación transfronteriza.
- Establecer cadenas productivas libres de deforestación. Incorporar compromisos vinculantes de cero deforestación en 100 % de los sectores priorizados para 2030, incluyendo actividades agroforestales, minería a gran escala e hidrocarburos. Las obligaciones deben cubrir producción, comercio y mercados, con mecanismos verificables y consecuencias ante incumplimientos.
- Aumentar el financiamiento para los bosques. Alcanzar USD 300 mil millones anuales de financiamiento global para bosques hacia 2030, lo que requeriría movilizar aproximadamente USD 216 mil millones adicionales al año respecto a los niveles de 2023. Los recursos se orientarían a conservación, restauración, bioeconomía, cadenas productivas sostenibles y fortalecimiento de capacidades para implementar políticas forestales.
- Redirigir los flujos financieros perjudiciales. Reorientar antes de 2030 las inversiones públicas y privadas y los subsidios que favorecen actividades asociadas a la deforestación. Esto requiere identificar riesgos, fortalecer los estándares de divulgación financiera e incorporar criterios de protección forestal en las decisiones de inversión y financiamiento.
- Garantizar financiamiento directo a pueblos y comunidades. Lograr que 100 % de los bancos multilaterales y fondos climáticos implementen acuerdos de acceso directo para Pueblos Indígenas y comunidades locales hacia 2030, mediante mecanismos flexibles y de largo plazo que respondan a sus formas de gobernanza y planificación territorial.
La Hoja de Ruta puede aportar valor si organiza esa arquitectura en torno a metas concretas y a un cambio de paradigma: tratar los bosques como agenda de desarrollo, transformación productiva, seguridad territorial y alineación económica.
La protección de los bosques empieza por los derechos territoriales
La seguridad jurídica sobre la tierra constituye una condición necesaria para fortalecer la conservación forestal. Cuando los territorios carecen de reconocimiento, delimitación o protección efectiva, aumentan las dificultades para ejercer la gobernanza propia y enfrentar las presiones extractivas y las ocupaciones irregulares.
Es fundamental entonces que los Estados definan, junto con los pueblos, los procedimientos de titulación, demarcación y reconocimiento territorial, con respaldo legal, presupuestal y mecanismos de vigilancia. Del mismo modo, es necesario respetar la autonomía y los derechos diferenciados de los distintos pueblos y comunidades, sin equipararlos jurídicamente.
Para los PIACI, esta protección requiere medidas específicas. Los pueblos en aislamiento deben contar con garantías estrictas de no contacto e intangibilidad, mientras que los pueblos en contacto inicial necesitan mecanismos culturalmente adecuados de participación y protección. La coordinación entre países resulta especialmente relevante cuando sus territorios atraviesan fronteras.
Cadenas productivas: del compromiso voluntario al cumplimiento verificable
La transformación de las cadenas de suministro exige intervenir tanto en los sectores productivos como en los mecanismos que permiten comercializar bienes asociados a la pérdida de bosques. No basta con que las empresas adopten compromisos voluntarios si persisten dificultades para identificar el origen de los productos y verificar su cumplimiento.
Debe priorizarse la legislación vinculante de debida diligencia ambiental y en derechos humanos, sistemas interoperables de trazabilidad y acceso público a información sobre las cadenas de valor. El seguimiento debe abarcar también intermediarios y proveedores indirectos, donde pueden persistir informalidad y opacidad.
Estas medidas deben acompañarse de cooperación técnica y financiera para los países productores, así como de salvaguardas que eviten trasladar cargas desproporcionadas a pequeños productores, Pueblos Indígenas y comunidades locales. En última instancia, la eficacia del control forestal depende tanto de las reglas comerciales como de las capacidades institucionales y las garantías territoriales que permitan aplicarlas.
Financiar la conservación también exige cambiar los incentivos
La movilización de nuevos recursos y la redirección del financiamiento perjudicial son dimensiones complementarias de una misma transformación económica. Ampliar los fondos destinados a conservación y restauración tendría un alcance limitado si otras decisiones financieras continúan favoreciendo actividades de alto riesgo de deforestación.
La aplicación de mecanismos como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), los canjes de deuda por naturaleza, los mercados de carbono, los bonos temáticos y el financiamiento de la bioeconomía forestal requieren atender diferencias de gobernanza, capacidad fiscal, trazabilidad y distribución de beneficios. Para los canjes de deuda, particularmente, es necesario fortalecer las salvaguardas y la transparencia de los mercados ambientales, y crear instrumentos de crédito adaptados a actividades forestales sostenibles.
Además, se hace necesario revisar subsidios agropecuarios potencialmente dañinos e incorporar riesgos de deforestación en la supervisión financiera y en las decisiones de los bancos multilaterales. La finalidad, en todo caso, es la de orientar los recursos hacia actividades compatibles con la conservación y el uso sostenible de los bosques.
El acceso directo al financiamiento como condición de justicia territorial
La disponibilidad de recursos no garantiza que lleguen a quienes gestionan los territorios forestales. Las exigencias fiduciarias, los procedimientos administrativos complejos y los mecanismos de intermediación pueden limitar la participación efectiva de Pueblos Indígenas y comunidades locales.
Por ello, se debe propender a establecer acuerdos de acceso directo, con horizontes de diez años, capaces de acompañar planes de vida y procesos comunitarios que exceden la duración de proyectos individuales. Estos permitirían avanzar hacia relaciones financieras más estables, flexibles y vinculadas con las prioridades territoriales.
Frente al acceso a financiamiento, es imperante además reconocer a los pueblos y comunidades como participantes en el diseño, la gobernanza y la toma de decisiones sobre los recursos, no únicamente como destinatarios de beneficios.
Monitoreo, gobernanza y respuesta territorial
Las metas forestales necesitan capacidades institucionales que conecten la información disponible con decisiones oportunas. Los sistemas satelitales, los inventarios forestales y el monitoreo comunitario pueden apoyar la identificación de zonas críticas, pero su utilidad depende de que activen respuestas coordinadas.
La sociedad civil latinoamericana propone entonces incorporar hitos, responsables, presupuestos e indicadores en los instrumentos existentes para el período 2027–2030. Las alertas sobre deforestación, incendios, degradación o minería deberían vincularse con actuaciones ambientales, judiciales, territoriales y financieras.
Esta respuesta debe distinguir las redes que financian y sostienen actividades ilegales de las poblaciones vulnerables que requieren protección y alternativas económicas.
En el mismo sentido, es importante ampliar el seguimiento más allá de la pérdida de cobertura forestal para incluir degradación, fragmentación, incendios y resiliencia territorial. La protección de las personas defensoras, el consentimiento libre, previo e informado y la distribución justa de beneficios deben formar parte de las garantías de implementación.
Cooperación regional para conectar bosques, comercio y transición energética
Las dinámicas de deforestación no siempre se detienen en las fronteras nacionales. El comercio de productos de riesgo, las economías ilegales y las presiones sobre ecosistemas compartidos hacen necesaria una cooperación que conecte capacidades de monitoreo, controles aduaneros, estándares comerciales y mecanismos financieros.
La Amazonía ocupa un lugar prioritario en esta articulación. Las instancias regionales existentes pueden apoyar respuestas coordinadas frente a la pérdida y degradación forestal, siempre que permitan compartir información, fortalecer la gobernanza territorial y orientar recursos hacia intervenciones verificables.
Además, la cooperación debe vincular la agenda forestal con las decisiones energéticas. Los proyectos de infraestructura, minería, energías renovables y bioenergía pueden generar nuevas presiones sobre los territorios si no incorporan criterios de protección ecológica y derechos.
Estas consideraciones deben integrarse en la planificación, las licencias y las inversiones, incluyendo evaluación de impactos acumulativos, salvaguardas territoriales y restauración. Así, la protección forestal puede contribuir a una transición energética justa sin separarse de las decisiones sobre desarrollo productivo.
De los compromisos globales a una implementación con resultados
Para conectar los compromisos existentes con las capacidades necesarias para cumplirlos. Es necesario fortalecer la coordinación entre gobiernos, instituciones financieras, organizaciones territoriales y espacios multilaterales, aprovechando instrumentos ya disponibles. También supone reconocer que la protección de los bosques no puede separarse de las condiciones económicas y sociales que determinan su transformación.
El proceso hacia 2030 abre una oportunidad para organizar respuestas regionales que combinen compromisos verificables, cooperación y garantías de derechos. Los avances podrán evaluarse con mayor claridad si las metas forestales se incorporan a decisiones concretas sobre territorio, producción, comercio y financiamiento.
El desafío es convertir esa arquitectura de compromisos en una agenda capaz de sostener la protección de los bosques y de las comunidades vinculadas con ellos. Las propuestas de la sociedad civil latinoamericana asumen este desafío, proponiendo metas, reconociendo instrumentos, identificando vacíos y señalando soluciones que deben activarse para pasar del mandato a la implementación.
Consulta la publicación completa para profundizar en las seis metas propuestas, los instrumentos existentes, los vacíos de implementación y las soluciones nacionales, regionales y globales identificadas.
Cómo citar el documento
Organizaciones de la sociedad civil climática de Latinoamérica y el Caribe. (2026, junio). Bosques de Latinoamérica: Contribuciones de la sociedad civil a la Hoja de Ruta para detener y revertir la deforestación y degradación a 2030 y 2050.
Las prioridades forestales de la sociedad civil latinoamericana pueden ganar incidencia en la Hoja de Ruta global si se traducen en metas verificables, alianzas y apoyo para implementarlas. Este enfoque se relaciona con la apuesta de Transforma por un «Liderazgo e incidencia de América Latina».
Decisiones para fortalecer la incidencia regional sobre bosques
La apuesta de Transforma por un «Liderazgo e incidencia de América Latina» busca fortalecer la capacidad de la región para influir en las decisiones climáticas globales. En esa dirección, la contribución colectiva plantea, entre otras, las siguientes medidas:
- Incorporar las metas en instrumentos existentes: los países deberían seleccionar las prioridades pertinentes y definir hitos, responsables, recursos e indicadores para facilitar su implementación y seguimiento.
- Fortalecer la cooperación regional: armonizar estándares, intercambiar información y coordinar controles sobre cadenas de suministro y actividades ilícitas que atraviesan fronteras.
- Establecer una gobernanza inclusiva: articular gobiernos, cooperación internacional, bancos de desarrollo, Pueblos Indígenas y comunidades locales para movilizar respaldo político, técnico y financiero hacia las metas forestales.
- Fortalecer el seguimiento multilateral: evaluar los avances de las metas forestales y generar insumos para el segundo Balance Mundial de 2028, en articulación con otros procesos internacionales relevantes.
Avanzar en estas condiciones permitiría a América Latina fortalecer su participación en las decisiones globales sobre bosques, con prioridades regionales respaldadas por mecanismos de implementación. También contribuiría a integrar los derechos territoriales y la protección de los ecosistemas en las decisiones de desarrollo y cooperación.
