Para que Colombia pueda avanzar hacia una transición energética justa, es necesario que la descarbonización avance junto a una transformación económica capaz de reducir la dependencia del carbón y el petróleo sin profundizar las vulnerabilidades fiscales, laborales y territoriales existentes. La fragilidad macroeconómica limita la capacidad de financiar la transición, mientras la exposición laboral se concentra en territorios con poca diversificación. Además, las energías renovables, por sí solas, no garantizan nuevas cadenas de valor ni empleo permanente. En ese sentido, el desafío no es solo sustituir fuentes de energía, sino reorganizar las condiciones de inversión, empleo y producción para que los costos y beneficios del cambio no recaigan de manera desigual entre regiones y grupos sociales.
El análisis hecho por Transforma y Diorama Initiative plantea la necesidad de articular distintos frentes en una misma estrategia: crear condiciones macrofiscales y financieras, proteger de forma anticipada a los trabajadores expuestos y desarrollar sectores con capacidad de generar encadenamientos locales. Más que tratar la transición como una política energética acompañada de medidas compensatorias, esta mirada abre una agenda de transformación económica en la que la secuencia de las decisiones, la diferenciación territorial y la coordinación entre políticas son parte central de una transición justa.
Puntos clave
- Es importante la reconversión laboral tanto de empleos directos como indirectos. La menor producción de combustibles fósiles podría implicar la pérdida de 448.000 empleos al 2035, de estos, 79% serían empleos indirectos.
- Es necesario construir capacidades productivas locales permanentes. En La Guajira, Cesar y Meta, los proyectos eólicos y solares con garantía de ejecución generarían principalmente empleo de construcción y muy poco empleo permanente. Además, 85 % del gasto asociado a construcción de proyectos solares y 70% del gasto eólico se dirige solo a importaciones.
- La transición exige actuar sobre las dependencias estructurales: ingresos fiscales ligados a fósiles, exposición a choques externos y restricciones de liquidez. Cada actor tiene un rol preciso: el Estado señaliza y habilita condiciones; los privados invierten y ejecutan; la cooperación internacional aporta instrumentos de gestión de riesgo y financiamiento concesional. La arquitectura del paquete consiste en hacer que los tres operen de manera articulada.
- La transición no puede descansar en un solo sector. Es importante distinguir entre sectores clave (cuya intervención tiene efecto multiplicador inmediato sobre el conjunto de la economía), sectores de arrastre (con alta capacidad de traccionar proveedores locales, aunque con menor difusión hacia adelante) y difusores transversales (que no demandan muchos insumos, pero condicionan la productividad sistémica de todos los demás). Además, la secuencia importa: sin los sectores clave habilitados, los de arrastre no escalan; sin los difusores funcionando, ninguno opera con eficiencia.
- Hay tres paquetes de política pública que permiten una estrategia coordinada de transformación económica justa. Un paquete macro-fiscal-financiero que crea condiciones de financiamiento; uno laboral que protege y reconvierte a la fuerza de trabajo expuesta; y uno productivo-territorial que busca generar nuevas cadenas de valor. Su implementación no es deliberada; exige secuencia, coordinación y diferenciación territorial.
La transición energética será justa únicamente si es también eso, una estrategia intencionada de transformación económica.
Una transición energética que también es macroeconómica
La transición energética justa se plantea como un proceso que articula dimensiones energéticas, productivas, financieras y sociales. En Colombia, esa interdependencia es especialmente relevante porque la economía parte de una estructura donde los combustibles fósiles pesan en la oferta energética, las exportaciones, los ingresos por regalías y la generación de empleos directos e indirectos. Por eso, el problema no se limita a reemplazar una fuente de energía por otra: también involucra el costo de financiar la transformación, la estabilidad externa y la capacidad del Estado para sostener políticas de reconversión laboral y diversificación económica.
El riesgo aparece cuando esas dependencias se refuerzan entre sí. Un mayor costo de capital encarece inversiones de largo plazo; la depreciación eleva el costo de equipos e insumos importados; una menor inversión debilita el crecimiento potencial; y un menor recaudo coincide con mayores necesidades de gasto social y territorial. En ese contexto, ordenar la transición permite abordar vulnerabilidades que exceden la agenda ambiental y alcanzan la estructura económica del país.
El empleo expuesto exige una respuesta territorial
El impacto laboral tampoco puede leerse como una cifra nacional homogénea. Arauca, Casanare, Cesar, La Guajira y Meta concentran la mayor exposición porque el sector extractivo representa una proporción elevada de su producción y organiza buena parte de la demanda sobre comercio, transporte, alojamiento y otros servicios. La pérdida de actividad, por tanto, no afecta únicamente a quienes trabajan dentro de las empresas extractivas.
La distinción entre empleos directos e indirectos cambia la política necesaria. Los directos son menos numerosos, pero sus habilidades suelen ser más específicas y difíciles de transferir. Los indirectos son muchos más, están distribuidos entre sectores y presentan mayor informalidad. Esto implica combinar reentrenamiento, mecanismos de retiro para trabajadores próximos a pensionarse, intermediación laboral y, sobre todo, creación de sectores receptores capaces de absorber empleo antes de que el desplazamiento derive en migración o informalidad.
Diversificar requiere sectores palanca y encadenamientos locales
La entrada de energías renovables no garantiza por sí sola una transformación productiva. Si la mayor parte de los equipos y componentes se importa y el empleo se concentra en la fase de construcción, la inversión puede ampliar la capacidad energética sin crear suficientes cadenas de valor permanentes. El criterio de diversificación, por tanto, es capturar más valor dentro del país y conectarlo con las capacidades de cada territorio.
La propuesta prioriza sectores según sus encadenamientos, su capacidad de generar empleo, su potencial exportador y su factibilidad. Energía eléctrica, redes y almacenamiento funcionan como habilitadores sistémicos; construcción eficiente y manufacturas habilitadoras pueden traccionar proveedores nacionales; movilidad y logística reducen costos para otros sectores; y la bioeconomía ofrece una vía de diversificación para territorios donde la manufactura compleja es menos viable. Los servicios técnicos, digitales, de certificación y formación completan esa arquitectura al permitir que los demás sectores escalen.
Tres paquetes que deben operar como una arquitectura integrada
La arquitectura de política propuesta no distribuye cada problema en una respuesta aislada. Organiza tres frentes que se condicionan entre sí: financiamiento y espacio fiscal, protección laboral y transformación productiva. Si uno no genera las condiciones previstas, limita la capacidad de los demás para operar.
Paquete macro-fiscal-financiero
Este frente busca reducir el costo del capital y disminuir la dependencia de ingresos del sector extractivo. Incluye la diversificación de ingresos fiscales, instrumentos de finanzas verdes y mixtas, garantías públicas, bonos verdes, coberturas cambiarias y una taxonomía que oriente los flujos de capital. Su función es crear condiciones financieras para la reconversión laboral y la inversión real.
Paquete laboral
La política laboral se adapta a cuatro perfiles territoriales. En los departamentos vulnerables propone reconversión acelerada; en los de afectación limitada, cierre de brechas de formación; en las grandes economías, conexión con sectores de mayor formalidad; y en las zonas no interconectadas, formación articulada con el desarrollo de sectores alternativos. El diseño de este paquete parte considerando que la exposición y la capacidad de absorción son distintas en cada territorio.
Paquete productivo-territorial
Este paquete conecta las apuestas sectoriales con las vocaciones y restricciones locales. Plantea agroecología, turismo con gobernanza territorial, descarbonización industrial, logística, bioeconomía y transformación local de productos, según el grupo de departamentos. La lógica es complementaria ya que unas regiones pueden actuar como motores de innovación y tecnología; otras, como productoras de bienes con vocación exportadora o de cadenas basadas en activos ambientales.
La secuencia importa tanto como los instrumentos
Los tres paquetes no se activan con el mismo ritmo. El frente macrofiscal debe empezar primero porque define el costo del capital y la trayectoria de los ingresos públicos. En los departamentos vulnerables, el componente laboral debe comenzar en paralelo, ya que el desplazamiento puede ocurrir antes de que los sectores alternativos estén consolidados. La diversificación productiva requiere más tiempo porque construir proveedores, cadenas de valor y capacidades territoriales no produce resultados sistémicos de manera inmediata.
El horizonte propuesto organiza acciones en 0–24 meses, 2–5 años y 5–10 años. En el corto plazo se priorizan líneas de crédito verde, hoja de ruta fiscal, mapeo de la fuerza laboral expuesta, mecanismos de gobernanza territorial e infraestructura habilitante. Después vienen el escalamiento del reentrenamiento, el desarrollo de proveedores y la consolidación de nuevas cadenas de valor. La secuencia busca evitar que la protección laboral dependa de sectores todavía no consolidados y que la transformación productiva avance sin condiciones financieras.
De la transición energética a la transformación económica justa
La justicia de la transición no depende únicamente de cuánto se reduzcan las emisiones o de cuánta nueva capacidad renovable se instale. También depende de quién absorbe los costos, qué territorios cuentan con alternativas económicas reales, qué capacidades productivas se construyen y con qué instrumentos se financia el cambio.
Para Colombia, esto desplaza el foco desde una sustitución tecnológica hacia una estrategia de desarrollo integral. La protección a trabajadores expuestos necesita anticiparse a la pérdida de actividad; la diversificación debe crear encadenamientos locales y no limitarse a proyectos aislados; y el financiamiento debe sostener ambos procesos sin profundizar la fragilidad fiscal. La coordinación entre los tres paquetes conecta así estabilidad macroeconómica, justicia territorial y capacidad productiva.
El horizonte planteado no consiste en añadir compensaciones sociales a una transformación energética separada de la economía, sino en integrar la descarbonización dentro de una estrategia de transformación productiva con opciones diferenciadas para los territorios. Esa articulación es la que permite tratar la transición como una oportunidad de diversificación sin desconocer los riesgos distributivos que implica.
Consulta la nota de política completa para profundizar en los escenarios territoriales, los sectores palanca, los instrumentos de cada paquete y el horizonte de implementación propuesto para Colombia.
Metodología y alcance
Las estimaciones territoriales se apoyan en un modelo insumo-producto departamental orientado a medir efectos de la transición energética sobre producción y empleo. La metodología construye una matriz nacional a partir del cuadro de oferta-utilización, estima producción regional y sectorial, ajusta coeficientes de localización con flujos de transporte, calcula multiplicadores de empleo y aplica escenarios mediante choques iterativos de demanda. Su objetivo es identificar tanto los efectos sobre el empleo como las oportunidades asociadas a la inversión en sectores con encadenamientos productivos.
Cómo citar el documento
Barbosa, S., Rey, C., Duarte, L., Saavedra, P., Ramírez, F. & Castro, K. (2026). Transición energética justa o crisis económica territorial: riesgos y oportunidades para Colombia [Nota de política]. Diorama Initiative; Transforma.
La transición energética en Colombia puede convertirse en una estrategia de transformación económica si la descarbonización se articula con diversificación productiva, protección laboral y respuestas diferenciadas entre territorios. Esta perspectiva conecta directamente la nota con la apuesta de Transición energética justa de Transforma.
Condiciones para convertir la transición en transformación económica
Desde la apuesta de Transición energética justa de Transforma, las propuestas de la nota permiten identificar condiciones que deben avanzar de manera coordinada para que el cambio energético no se limite a sustituir tecnologías, sino que contribuya a transformar las economías dependientes de los fósiles.
- Crear condiciones financieras para la transición: reducir el costo del capital y diversificar los ingresos fiscales vinculados a los fósiles para habilitar la reconversión laboral y la inversión productiva.
- Anticipar la protección laboral: adaptar formación, reconversión e intermediación a los distintos perfiles territoriales y activar estas medidas antes de que el desplazamiento laboral limite las alternativas disponibles.
- Construir nuevas capacidades productivas: conectar las apuestas sectoriales con proveedores, cadenas de valor y vocaciones territoriales para que la inversión genere encadenamientos locales y no dependa únicamente de tecnología importada.
- Coordinar tiempos y políticas: iniciar el frente macrofiscal, avanzar en paralelo con las respuestas laborales en territorios vulnerables y consolidar progresivamente la diversificación productiva.
Atender estas condiciones permitiría vincular la descarbonización con una transformación económica más justa para trabajadores y territorios en Colombia. La apuesta no consiste solo en cambiar la matriz energética, sino en crear las capacidades económicas que hagan sostenible ese cambio.
