La transición energética representa uno de los principales desafíos y oportunidades económicas y sociales para Colombia. Gestionarla gradual y adecuadamente será fundamental para proteger la sostenibilidad fiscal del país, movilizar inversión y construir nuevas fuentes de crecimiento y competitividad.
Las decisiones de política pública que se tomen durante los próximos años serán determinantes para la capacidad de Colombia de gestionar la disminución gradual de los ingresos asociados a los combustibles fósiles y de aprovechar las oportunidades económicas derivadas de esta transformación.
Transforma y CREER – Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, proponen organizar esta discusión alrededor de tres preguntas estratégicas: cómo incorporar renovables sin comprometer la confiabilidad del sistema ni la inclusión territorial; cómo ampliar el financiamiento con participación pública, corporativa y de instituciones financieras de desarrollo; y cómo usar los ingresos de la economía fósil para preparar nuevas fuentes de crecimiento.
El punto fundamental está en reconocer la interdependencia de las diferentes dimensiones de la transición. Más generación renovable requiere transmisión, licenciamiento y reglas previsibles; más capital requiere proyectos bancables, instrumentos capaces de agregar escala y una gestión robusta de riesgos sociales y ambientales; y la diversificación productiva exige que los recursos, las capacidades y los beneficios lleguen a los territorios más expuestos. Lo anterior supones entender la transición energética como una estrategia integral de desarrollo, y no como un mero cambio de tecnologías.
Recomendaciones clave
- Acelerar transmisión y licenciamiento como condiciones previas para integrar renovables. Una de las prioridades se encuentra en identificar tramos críticos de la red de transmisión, comprometer su construcción, asignar responsabilidades verificables y hacer más ágiles y predecibles los permisos, sin debilitar salvaguardas sociales, ambientales, derechos humanos ni garantías de participación.
- Consolidar la financiación combinada y una cartera de proyectos bancables. Los recursos públicos y de la banca de desarrollo pueden reducir riesgos y mejorar la bancabilidad, mientras la estructuración y agregación de iniciativas permitiría alcanzar la escala que demandan inversionistas institucionales.
- Conectar el mercado de capitales y el ahorro institucional con infraestructura energética. La titularización de activos y vehículos de inversión pueden reciclar capital, ampliar la capacidad de financiamiento y abrir espacios para que fondos de pensiones participen en proyectos locales de transición energética.
- Fortalecer la estabilidad y previsibilidad de las reglas de juego. Los proyectos de infraestructura energética requieren horizontes prolongados de inversión y recuperación, por lo que marcos regulatorios estables y señales consistentes son determinantes para atraer inversión.
- Financiar una transición económica y territorial, no solo energética. Canalizar ingresos asociados a la economía fósil y otras fuentes hacia diversificación productiva, infraestructura y capacidades locales, junto con soluciones financieras adaptadas y una gobernanza que genere encadenamientos y distribuya beneficios.
La transición energética depende de una red que pueda absorberla
La expansión de las energías renovables está condicionada por la capacidad física e institucional del sistema para incorporarlas. La matriz eléctrica colombiana genera cerca del 62 % de su electricidad con fuentes hídricas, lo que mantiene bajas emisiones, pero también expone el suministro a la variabilidad climática. Al mismo tiempo, la demanda eléctrica crece 2,6 % anual y puede aumentar con la electrificación del transporte y la expansión de centros de datos. En ese contexto, sustituir fuentes no basta: la capacidad total también debe crecer.
La transmisión aparece como el cuello de botella que conecta estos desafíos. Parte de la nueva generación se ubica donde la red es insuficiente o inexistente, y los proyectos de transmisión enfrentan licenciamiento, coordinación institucional, relacionamiento con comunidades, permisos de construcción y compatibilidad con los Planes de Ordenamiento Territorial. Los retrasos reportados, de tres a seis años según la región, muestran por qué generación y red deben avanzar en paralelo.
Ahora bien, mientras la nueva capacidad no esté conectada, se debe establecer un cronograma explícito, coherente y gradual de retiro de fuentes fósiles. Este debe estar vinculado a a hitos verificables de nueva capacidad renovable, acompañarse de criterios para el uso de gas en necesidades de seguridad energética de corto plazo y reglas específicas para la generación distribuida.
Movilizar capital exige convertir recursos en proyectos invertibles
La escala del financiamiento requerido para que Colombia alcance las metas de descarbonización a 2050 supera la capacidad con la que cuenta el sector público. La Agencia Internacional de Energía estima que Colombia necesita $27,7 billones COP adicionales al año en energía limpia para alcanzar las metas de descarbonización a 2050, frente a niveles actuales estimados en $14,8 billones COP. La disponibilidad de capital, sin embargo, no parece ser hoy la principal limitación: existe interés de inversionistas y entidades financieras, pero faltan proyectos con el nivel de escala, estructuración y perfil de riesgo compatibles con los requerimientos de inversionistas institucionales.
Por eso, la movilización de recursos depende de convertir iniciativas dispersas en oportunidades de inversión. La banca de desarrollo puede ayudar a identificar, estructurar y agregar proyectos; las plataformas país pueden facilitar la coordinación entre actores y contribuir a dar visibilidad a una cartera de inversión; y la financiación combinada puede usar recursos públicos o concesionales para reducir riesgos y atraer capital privado. A ello se suman mecanismos de titularización y vehículos de inversión capaces de conectar la cartera energética con el mercado de capitales y el ahorro de largo plazo.
La estabilidad regulatoria y la credibilidad macroeconómica completan ese marco. Los proyectos de infraestructura energética suelen tener horizontes de inversión y recuperación de capital de entre 15 y 20 años; por eso, marcos regulatorios estables y señales consistentes de política pública son determinantes para atraer inversión hacia la transición energética.
Fuente: Transforma y CREER, p. 4 del PDF. · *B = billones de pesos colombianos.
La viabilidad financiera también se construye desde las dimensiones ambientales y sociales de los territorios
La bancabilidad no depende únicamente de variables financieras. La ejecución de proyectos energéticos también está condicionada por los riesgos sociales, ambientales y de derechos humanos de los territorios donde operan. Estas variables pueden afectar el perfil de riesgo y la viabilidad de las inversiones, agravándose en contextos rurales y con presencia de grupos armados ilegales.
Sin embargo, el sector financiero ya dispone de herramientas para abordar estas dimensiones. La Circular Externa 015 de 2025 de la Superintendencia Financiera instruye a las entidades vigiladas a identificar, medir, controlar y monitorear riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos. Profundizar su implementación, junto con instrumentos voluntarios de administración de riesgos, permite integrar el conocimiento territorial a las decisiones de crédito e inversión.
La misma lógica se extiende a la relación entre proyectos y comunidades. Esquemas de beneficios compartidos, como empleo local, copropiedad o inversión comunitaria, y una mejor alineación entre planeación energética, Planes de Ordenamiento Territorial y planes territoriales de cambio climático pueden reducir incertidumbre y mejorar las condiciones de implementación. Así, la gestión territorial no aparece como un complemento posterior al financiamiento, sino como parte de la viabilidad de la inversión.
Los ingresos fósiles pueden financiar capacidades para la economía del futuro
La transición también plantea el reto de decidir qué hacer con los ingresos, el empleo y las capacidades vinculadas hoy a la economía fósil. En Meta, Cesar, La Guajira y Casanare, cerca de 448.000 empleos dependen directa o indirectamente de actividades extractivas. Los ingresos que estas actividades generan hoy pueden ayudar a fortalecer capacidades productivas, institucionales, sociales y financieras que permitan sostener nuevas fuentes de crecimiento.
Una posibilidad es crear un fondo de transición económica y territorial que canalice ingresos asociados a los aranceles de combustibles fósiles y al impuesto al carbono, además de otras fuentes posibles, hacia nuevas actividades, infraestructura y formación de capacidades. Esta medida se puede complementar con cadenas de valor en agroindustria, bioeconomía y turismo sostenible, así como con instrumentos financieros ajustados a las condiciones particulares de cada territorio.
Los minerales críticos, particularmente, pueden representar otra oportunidad que debe ser mirada con cautela. El desarrollo de cobre, oro, plata y otros minerales puede aportar a cadenas ligadas a tecnologías renovables, pero sustituir una dependencia extractiva por otra sin encadenamientos productivos, capacidades locales ni gobernanza podría reproducir vulnerabilidades. La diversificación, por tanto, requiere capturar mayor valor económico, social y territorial y ampliar el financiamiento de transformaciones productivas, incluidas las industrias de difícil abatimiento.
Convertir la transición energética en una estrategia de desarrollo requerirá coordinación, visión de largo plazo y una estrecha colaboración entre el sector público, el sector financiero y la economía real.
Coordinar las decisiones para convertir la transición en bienestar
Las tres dimensiones convergen en una misma decisión estratégica: la transición energética necesita ser gestionada como una transformación económica, financiera y territorial. Acelerar renovables sin transmisión suficiente limita el uso de la nueva capacidad; disponer de capital sin proyectos bancables limita su canalización; y ejecutar inversiones sin integrar los riesgos y las capacidades locales puede comprometer su viabilidad.
La oportunidad está en coordinar esas decisiones con responsabilidades claras. La infraestructura debe habilitar la incorporación de nueva generación; la regulación y los instrumentos financieros deben reducir la incertidumbre y construir una cartera invertible; y los recursos asociados a la economía fósil pueden apoyar la diversificación de los territorios más expuestos. Bajo ese enfoque, la justicia no es un componente adicional sino que atraviesa la distribución de beneficios, la participación, la reconversión laboral y la construcción de nuevas capacidades.
Convertir esa articulación en resultados exige coordinación, una estrecha colaboración entre el sector público, el sector financiero y la economía real, y una visión de largo plazo capaz de conectar seguridad energética con competitividad y desarrollo territorial.
Consulta la publicación completa para profundizar en los tres ejes estratégicos, los diagnósticos que los sustentan y el conjunto de prioridades propuestas para acelerar la transición energética en Colombia.
Metodología y alcance
Este contenido adapta una publicación construida a partir de los principales insumos y reflexiones de una sesión de trabajo cerrada realizada en Bogotá en abril de 2026, convocada por Transforma y CREER para discutir los desafíos y oportunidades de la transición energética y su financiamiento en Colombia. Participaron personas con experiencia en el sector financiero, las finanzas del clima y el mercado de capitales, además de equipos de ambas organizaciones. La fuente aclara que las ideas sistematizadas reflejan los principales temas discutidos y no necesariamente representan posiciones institucionales de las organizaciones o personas participantes. Por ello, las recomendaciones se presentan como prioridades y propuestas recogidas en la publicación, no como resultados ya implementados.
Cómo citar el documento
Transforma, & CREER – Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables. (s. f.). Condiciones para acelerar la transición energética en Colombia: Reflexiones del sector financiero sobre las condiciones habilitantes hacia 2030.
Alinear las finanzas con la transición energética justa en Colombia exige más que movilizar recursos: requiere proyectos bancables, reglas previsibles y una gestión territorial de riesgos que permita convertir el interés financiero en inversión ejecutable.
Condiciones para orientar el financiamiento hacia una transición justa
Desde la apuesta de Transforma por Finanzas alineadas con una transición climática justa y resiliente, el reto es que la disponibilidad de capital encuentre proyectos, reglas y condiciones territoriales capaces de sostener inversiones de largo plazo.
- Consolidar financiación combinada y una cartera de proyectos bancables para reducir riesgos, agregar escala y atraer capital privado e institucional hacia la transición energética.
- Profundizar la gestión de riesgos ambientales y sociales e incorporar beneficios compartidos para fortalecer la viabilidad de las inversiones en los territorios.
- Canalizar ingresos asociados a la economía fósil hacia diversificación productiva, infraestructura y capacidades locales en los territorios más expuestos a la transición.
Avanzar en estas condiciones podría fortalecer la capacidad de Colombia para canalizar recursos hacia una transición que combine seguridad energética, diversificación económica y viabilidad social, ambiental y financiera en los territorios.
