La transición energética justa en América Latina y el Caribe no puede resolverse solo con más energías renovables: exige ordenar la salida de los combustibles fósiles y coordinarla con cambios en el sistema eléctrico, la demanda, la estructura productiva, el financiamiento y la gobernanza. La hoja de ruta propone esa transformación como una secuencia de metas, barreras y acciones hasta 2050, diferenciada según las condiciones energéticas, económicas e institucionales de cada país.
La propuesta surge de un proceso liderado por organizaciones de la sociedad civil, redes regionales y personas expertas, y se plantea como una herramienta de implementación e incidencia. Reconoce a América Latina y el Caribe como una región que combina la dependencia de los combustibles fósiles con un alto potencial renovable y que, a su vez, enfrenta trayectorias nacionales muy distintas y brechas entre los compromisos climáticos y las decisiones sobre producción, infraestructura, consumo y financiamiento.
El punto central está en convertir las anteriores tensiones en una arquitectura de transición: reducir progresivamente la oferta fósil, modernizar e integrar los sistemas eléctricos, transformar la demanda, diversificar economías y empleos, y consolidar reglas de participación, protección territorial, transparencia y resiliencia. De esta manera se abre una discusión sobre qué acciones deben comenzar antes de 2030, qué transformaciones se requieren en la década siguiente y cuáles deben quedar consolidadas hacia 2050.
Recomendaciones clave
- Planificar la salida fósil desde la oferta. Declinar progresivamente la producción de fósiles, restringir nuevos proyectos de exploración y explotación, cerrar o reconvertir infraestructura, transformar empresas estatales de hidrocarburos y controlar emisiones operacionales, con medidas diferenciadas según los perfiles energéticos nacionales.
- Preparar el sistema eléctrico para sustituir funciones fósiles. La expansión renovable debe acompañarse de almacenamiento, flexibilidad, redes inteligentes, gestión de la demanda e interconexión regional, además de una mayor participación de generación distribuida, comunitaria e individual en la capacidad instalada.
- Transformar la demanda sector por sector. Industria, transporte y vivienda requieren combinaciones distintas de electrificación, eficiencia energética, gestión de demanda , mientras los sectores de difícil abatimiento necesitan trayectorias tecnológicas y materiales específicas para reducir su dependencia fósil.
- Usar la transición para diversificar la economía. Es clave vincular industrialización y reindustrialización, cadenas regionales de valor, economía circular, reconversión laboral, innovación y capacidades tecnológicas con nuevas estructuras de financiamiento y una reducción progresiva de la dependencia de rentas fósiles.
- Convertir la justicia en condiciones de implementación. La participación vinculante, el consentimiento previo, libre e informado, la protección de ecosistemas y derechos de la naturaleza, la integración del riesgo climático, la transparencia y la rendición de cuentas forman parte de la arquitectura propuesta para sostener la transición.
Consideramos que la transición sólo será viable si se construye desde una perspectiva de transición energética justa, que reconozca los grados diferenciados de dependencia fósil, las distintas realidades de los países y la necesidad de proteger derechos, garantizar participación y fortalecer capacidades institucionales para la transición.
El punto de partida: una transición con dependencias desiguales
En América Latina y el Caribe, pese a que cerca del 60% de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables, alrededor de dos tercios de la matriz energética regional depende de combustibles fósiles. Contar con una electricidad relativamente limpia, por tanto, no equivale a haber descarbonizado el sistema energético: transporte, industria, producción de hidrocarburos e infraestructura fósil siguen condicionando la trayectoria regional.
La dependencia tampoco es homogénea. Algunos países mantienen o buscan ampliar la producción y exportación de petróleo y gas; otros cuentan con producción madura y señales de desaceleración; y varios importan petróleo y derivados pese a disponer de capacidad de refinación. Estas diferencias modifican tanto los riesgos como las decisiones disponibles: no enfrenta la misma transición un país dependiente de rentas fósiles que otro expuesto a importaciones y volatilidad internacional.
A esa heterogeneidad se suman tres grandes retos. El primero en términos de reducción de la oferta: los escenarios de transición han definido con mayor claridad la caída de la demanda que el cierre de exploración, producción, refinación e infraestructura. El segundo es productivo y fiscal: la región continúa expuesta a exportaciones de materias primas, subsidios fósiles, ingresos públicos vinculados a hidrocarburos y restricciones de financiamiento. Y el último es institucional y territorial: existen desigualdades de acceso energético, capacidades públicas distintas y comunidades que pueden quedar expuestas tanto a los impactos del declive fósil como a los de nuevas infraestructuras.
Este panorama supone que el retiro de los fósiles, la expansión renovable, la transformación productiva y la protección de derechos avancen como procesos coordinados, adaptados a condiciones nacionales y territoriales diferentes.
Convertir el declive fósil en una transición planificada
Para avanzar en una transición planificada, es necesario que entre 2026 y 2030 se actualicen trayectorias nacionales de producción, se identifiquen campos e infraestructura prioritarios para cierre y remediación, y se reduzcan incentivos a la expansión. Entre 2030 y 2040, el énfasis debe estar en ejecutar cierres, retirar mecanismos de expansión y fijar fechas para reconvertir infraestructura. Hacia 2050, el objetivo es consolidar el cierre de activos sin función de seguridad energética y completar restauraciones.
Para ello es fundamental incorporar además a las empresas estatales: reformar mandatos, revisar contratos y reconvertir capacidades técnicas y laborales hacia renovables, almacenamiento y otras actividades compatibles con la transición. De esta manera, más que el declive de la oferta de combustibles fósiles aislada, se apuesta una planificación plurianual de la transición que brinde estabilidad y certeza.
Preparar electricidad y demanda para sustituir los fósiles
La salida fósil solo puede sostenerse si el sistema eléctrico reemplaza sus funciones y la demanda cambia al mismo tiempo. Un sistema altamente descarbonizado, diversificado e interconectado antes de 2050, requiere de redes modernizadas, almacenamiento, flexibilidad, gestión de demanda, reducción de pérdidas y retiro gradual de generación termoeléctrica cuando sus servicios puedan ser sustituidos.
La integración regional es una condición de la transformación. Para alcanzar 100% de interconexión eléctrica en América Latina a más tardar en 2045, es necesario avanzar en la planificación energética regional conjunta, en armonización regulatoria y en comercio eléctrico transfronterizo, desarrollar líneas de conexión de gran capacidad, entre otras.
En paralelo, industria, transporte y vivienda requieren rutas propias de electrificación y eficiencia. Cemento, siderurgia, aluminio y fertilizantes deben contar con trayectorias específicas, mientras la eficiencia energética opera como recurso transversal para contener la demanda y aprovechar mejor la infraestructura.
Hacer de la diversificación una condición de la transición
La transformación energética necesita modificar también qué produce la región, cómo genera empleo y cómo financia el cambio. La industrialización y reindustrialización permiten aumentar el valor agregado local y regional, desarrollar manufacturas vinculadas a la transición, fortalecer economía circular y cadenas de valor, y reducir la dependencia tecnológica externa.
La reconversión laboral se integra mediante formación, protección social, reinserción y diálogo entre gobiernos, empresas y organizaciones de trabajadores, además de fondos específicos y seguimiento regional. El enfoque territorial permite por su parte identificar regiones vulnerables a la salida de los combustibles fósiles y establecer metas explícitas de inserción laboral efectiva.
El financiamiento completa esta arquitectura con banca pública y de desarrollo fortalecida, fondos de transición, cooperación internacional que no profundice la deuda y reformas de subsidios, regalías y reglas fiscales. Diversificar la producción y diversificar los ingresos públicos son, así, dos condiciones necesarias para salir de la dependencia fósil.
Convertir la gobernanza participativa y el monitoreo en reglas de implementación
Los procesos de implementación dependen de reglas que definan quién participa, qué territorios se protegen y cómo se responde por los resultados. En ese sentido, es necesario una participación vinculante, acceso a información, consentimiento previo, libre e informado y coordinación entre gobiernos nacionales y subnacionales para integrar planificación energética y ordenamiento territorial.
Otras condiciones necesarias para la implementación son la protección ecosistémica y el enfoque de adaptación; el primero debe incluir moratorias y zonas de exclusión, reconocimiento de derechos de la naturaleza y salvaguardas para minerales críticos. A ello se suma un enfoque de adaptación que debe incorporar riesgo climático, resiliencia, pérdidas y daños en infraestructura y financiamiento energético.
Para hacer verificables estas condiciones, se plantean sistemas permanentes de monitoreo, reporte y verificación, registros públicos, divulgación climática y financiera y auditorías independientes. También se propone revisar mecanismos de arbitraje inversionista-Estado para proteger el margen regulatorio de las políticas de salida fósil. Gobernanza y monitoreo pasan así a definir cómo se planifica, financia, autoriza y supervisa la transición.
Una ruta común con trayectorias diferenciadas
Es preciso reconocer que la transición en América Latina y el Caribe es multidimensional. El declive fósil requiere sistemas eléctricos capaces de sustituir sus servicios; la electrificación necesita eficiencia, redes y gestión de demanda; y la reducción de rentas extractivas exige nuevas bases productivas, laborales y fiscales. La propuesta las articula, por tanto, como dimensiones interdependientes que deben avanzar de forma coordinada.
Estas múltiples dimensiones deben considerar además un criterio de planificación en el tiempo. Las decisiones de esta década —sobre expansión fósil, infraestructura, regulación, financiamiento, capacidades productivas y participación— condicionan lo que podrá ejecutarse entre 2030 y 2040 y consolidarse después.
La transición energética justa aparece así como una transformación coordinada de energía, economía e instituciones, con la justicia climática como criterio para decidir qué se transforma, cómo se distribuyen sus beneficios y qué límites deben respetarse. Las particularidades entre países y territorios no elimina el horizonte común: permite convertirlo en rutas aplicables a realidades distintas.
Consulta la hoja de ruta completa para profundizar en las metas, barreras y acciones propuestas para cada periodo, sector y dimensión de la transición energética justa en América Latina y el Caribe, con referencias específicas a distintos países de la región.
Metodología y alcance
La hoja de ruta se presenta como un documento vivo construido mediante grupos de trabajo y combina análisis técnico, insumos discutidos de forma colegiada y espacios participativos. Organiza cada conjunto de metas alrededor de barreras, acciones inmediatas a 2030, medidas de mediano plazo entre 2030 y 2040 y consolidación entre 2040 y 2050. En los capítulos sobre salida fósil y diversificación, las medidas se diferencian según perfiles de países; en gobernanza, se ordenan por líneas de transformación institucional y normativa. Esta estructura busca servir como referencia adaptable a distintos contextos nacionales y territoriales.
Fuente
Organizaciones de la sociedad civil climática de Latinoamérica y el Caribe. (2026, junio). Hoja de Ruta desde América Latina y el Caribe para la transición energética justa.
Ordenar la salida de los combustibles fósiles exige mucho más que fijar una meta de descarbonización: requiere coordinar decisiones sobre oferta, demanda, infraestructura, empleo, economía y gobernanza según las realidades de cada país. Esa mirada integral dialoga directamente con la apuesta de Transforma por una «Transición energética justa».
Condiciones para traducir la transición en decisiones
Desde la apuesta de Transforma por una «Transición energética justa», la hoja de ruta permite entender la implementación como un proceso que debe coordinar el declive fósil con las transformaciones necesarias para sustituirlo y atender sus implicaciones económicas, laborales y territoriales.
- Ordenar la salida de los combustibles fósiles desde la oferta, definiendo cómo reducir la producción, restringir nueva expansión y reconvertir o cerrar infraestructura según cada contexto nacional.
- Acompañar la sustitución fósil con redes, almacenamiento, interconexión, generación descentralizada y transformación de la demanda para sostener un sistema eléctrico altamente descarbonizado antes de 2050.
- Vincular diversificación productiva y reconversión laboral con protección social, formación y participación territorial, especialmente en regiones y trabajadores expuestos al declive de actividades fósiles.
Avanzar en estas condiciones puede contribuir a que América Latina y el Caribe reduzca su dependencia de los combustibles fósiles sin separar la transformación energética de sus dimensiones productivas, laborales y territoriales.
